Derecho Civil en Gran Canaria y Madrid
Resolución de Conflictos Civiles
Derecho de Familia
La determinación de la custodia de los hijos en caso de divorcio se centra en el interés superior del menor, considerando criterios como la edad, el arraigo social y familiar, y la opinión de los hijos. La custodia compartida es preferida, pero la exclusiva se aplica cuando es más beneficiosa para el menor. El procedimiento judicial implica la valoración de pruebas documentales y periciales, y el juez tiene la discrecionalidad para decidir el régimen más adecuado, pudiendo modificarlo si cambian las circunstancias
La pensión alimenticia se calcula considerando la proporcionalidad entre los medios económicos del alimentante y las necesidades del alimentista, con el juez teniendo un papel crucial en su determinación. Factores como los gastos de formación y sustento cotidiano, así como las posibilidades económicas del alimentante, son esenciales para fijar la cuantía. El uso de tablas orientadoras y la aplicación del IPC son herramientas comunes para facilitar el cálculo y actualización de la pensión, aunque no cubren todos los aspectos necesarios, como ciertos gastos adicionales
En caso de divorcio, la atribución del uso de la vivienda familiar se centra en proteger el interés de los hijos menores y del cónyuge que queda a su cargo, siendo el acuerdo entre los cónyuges el criterio principal, siempre que no perjudique a los hijos. En ausencia de acuerdo, el juez decide basándose en el interés más necesitado de protección, pudiendo establecer limitaciones temporales. El derecho de uso puede ser modificado si cambian las circunstancias iniciales, y la acción de división de la cosa común no afecta a este derecho, que se mantiene hasta que se decida lo contrario
El régimen de visitas es un derecho-deber fundamental que busca proteger el interés superior del menor, asegurando su relación con ambos progenitores. Este régimen requiere la colaboración y buena fe de ambos padres, y está diseñado para ser flexible y adaptarse a las circunstancias específicas de cada caso. Sin embargo, puede ser modificado o suspendido en situaciones excepcionales que pongan en riesgo el bienestar del menor. La ejecución de este régimen es compleja debido a su naturaleza personalísima, lo que requiere un enfoque cuidadoso y específico para garantizar su cumplimiento
La liquidación de la sociedad de gananciales es un proceso que comienza con la formación de un inventario detallado de los bienes y deudas, seguido de la valoración de los bienes en el momento de la liquidación. Las fases de la liquidación incluyen el pago de deudas, reintegros y reembolsos, y la división equitativa del haber partible. Este proceso puede llevarse a cabo mediante procedimientos judiciales o extrajudiciales, y en caso de desacuerdo, se puede recurrir al nombramiento de un contador partidor y peritos. La correcta ejecución de cada fase es esencial para garantizar una liquidación justa y equitativa
El divorcio y la separación son mecanismos legales distintos para abordar la crisis matrimonial, con diferencias clave en su naturaleza jurídica, efectos personales y patrimoniales, y procedimientos. El divorcio disuelve el vínculo matrimonial, permitiendo a los cónyuges contraer un nuevo matrimonio, mientras que la separación solo suspende la vida en común, manteniendo el estado civil de casado. Los efectos patrimoniales del divorcio incluyen la disolución del régimen económico matrimonial, mientras que la separación no lo hace automáticamente. Además, ambos procedimientos requieren el transcurso de tres meses desde la celebración del matrimonio, aunque el divorcio no requiere alegar causa alguna, a diferencia de la separación, que puede ser consensual o contenciosa
Las uniones de hecho en España están sujetas a una regulación principalmente autonómica, lo que implica que los derechos y obligaciones pueden variar significativamente entre comunidades. Las parejas de hecho pueden tener derechos similares a los matrimonios en términos de sucesiones y fiscalidad, especialmente si están inscritas en un registro oficial. Además, la protección patrimonial y las compensaciones económicas son aspectos clave para garantizar la equidad entre los convivientes, especialmente en caso de ruptura. La inscripción en un registro de parejas de hecho es fundamental para el reconocimiento de estos derechos y para acceder a ciertos beneficios legales y fiscales
El proceso de divorcio en España requiere un plazo mínimo de tres meses desde la celebración del matrimonio, salvo excepciones por riesgo. Puede tramitarse de manera consensual o contenciosa, siendo el primero más ágil al poder realizarse ante notario en ausencia de hijos menores. Las medidas definitivas establecidas en la sentencia de divorcio afectan tanto a los aspectos personales como patrimoniales de los cónyuges, y aunque la sentencia puede ser recurrida, las medidas acordadas no se suspenden durante el recurso. La reconciliación posterior a la sentencia no afecta la disolución del matrimonio, que solo puede restablecerse mediante un nuevo matrimonio
Modificar las medidas acordadas en una sentencia de divorcio requiere demostrar un cambio sustancial, estable e imprevisto en las circunstancias originales. El procedimiento puede ser consensual o contencioso, y la competencia recae en el tribunal que dictó la sentencia original. Las alteraciones deben ser significativas y no provocadas por el solicitante, y no se pueden modificar medidas no contempladas originalmente. Este proceso busca ajustar las medidas a nuevas realidades, manteniendo la seguridad jurídica y evitando revisiones arbitrarias
En caso de incumplimiento del régimen de visitas o de la pensión alimenticia, existen mecanismos legales para asegurar el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Estos incluyen la ejecución de sentencias por la vía civil, con medidas como el embargo de bienes y la imposición de multas coercitivas, así como la posibilidad de perseguir penalmente el impago de pensiones. Además, se pueden solicitar modificaciones de las medidas establecidas si el incumplimiento es reiterado, siempre evaluando el interés superior del menor. La oposición a la ejecución también es posible, permitiendo al ejecutado presentar causas justificadas para el incumplimiento
Derecho Sucesorio
Para que un testamento sea válido, es fundamental cumplir con las formalidades establecidas, que varían según el tipo de testamento. En el caso del testamento ológrafo, debe ser manuscrito y firmado por el testador, incluyendo la fecha exacta de otorgamiento y salvando cualquier enmienda bajo la firma. Para el testamento notarial abierto, es esencial la intervención de un notario que asegure la capacidad del testador y la correcta expresión de su voluntad. La omisión de cualquier requisito formal puede resultar en la nulidad del testamento, destacando la importancia de seguir rigurosamente las disposiciones legales para garantizar su validez
La sucesión intestada se activa cuando no hay testamento válido, y la ley establece un orden de llamamientos para determinar quiénes son los herederos. El procedimiento de declaración de herederos ab intestato se realiza mediante un acta de notoriedad, donde el notario verifica la inexistencia de testamento y la identidad de los herederos. En ausencia de testamento y parientes conocidos, se puede intervenir judicialmente el caudal hereditario para proteger los bienes del difunto, y el Estado o la comunidad autónoma pueden ser declarados herederos abintestato
La conclusión más relevante es que el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es un tributo que grava los incrementos patrimoniales obtenidos a título lucrativo, tanto por herencias como por donaciones. Su aplicación está sujeta a una regulación específica que varía según el territorio, con competencias cedidas a las comunidades autónomas y particularidades en los regímenes forales. Además, existen operaciones sujetas y no sujetas al impuesto, lo que implica una complejidad en su aplicación que depende de la naturaleza de la adquisición y del territorio en el que se produce.
La partición de la herencia es un proceso que busca distribuir los bienes del causante de manera equitativa entre los herederos, respetando las normas de igualdad y evitando excesos de adjudicación que puedan generar obligaciones fiscales. La formación de lotes debe considerar la naturaleza y calidad de los bienes, y en caso de bienes indivisibles, se requiere compensación en metálico. Además, el derecho de representación y la colación son mecanismos que aseguran que la distribución de la herencia sea justa, teniendo en cuenta las donaciones previas y el parentesco con el causante
La impugnación de un testamento es un proceso legalmente viable cuando se cuestiona la capacidad del testador, la existencia de vicios en la voluntad, o defectos formales en el otorgamiento. La acción de impugnación es imprescriptible en casos de nulidad y tiene un plazo de cinco años en casos de anulabilidad. Las condiciones que prohíben la impugnación son ineficaces, y las impugnaciones que denuncian irregularidades en la ejecución testamentaria no están sujetas a sanciones testamentarias. La jurisprudencia enfatiza que la voluntad del testador debe respetar los límites legales, y cualquier disposición que contravenga estos límites puede ser impugnada
Las deudas del fallecido se transmiten a sus herederos, quienes pueden aceptar la herencia pura y simplemente o a beneficio de inventario, lo que limita su responsabilidad. Los legatarios solo responden en casos específicos y no se transmiten las sanciones tributarias. El procedimiento de recaudación se continúa con los herederos, y en caso de herencia yacente, el representante es el responsable de las obligaciones tributarias. La Administración debe notificar a los sucesores y, si no hay confusión patrimonial, los herederos solo responden hasta donde alcance su porción hereditaria
La valoración de bienes inmuebles en una herencia para el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se basa en el valor de referencia del Catastro Inmobiliario, ajustado a los valores de mercado mediante un factor de minoración. La Administración puede realizar comprobaciones de valores utilizando diversos métodos, y en caso de discrepancias entre herederos, se debe realizar una comprobación para asegurar la correcta valoración. La base imponible se determina por el mayor valor entre el declarado, el de mercado o el catastral, siempre con referencia a la fecha del fallecimiento del causante
La diferencia entre heredero y legatario se centra en la naturaleza de la sucesión y la responsabilidad frente a las deudas. El heredero sucede a título universal, adquiriendo tanto bienes como deudas, mientras que el legatario sucede a título particular, recibiendo bienes específicos sin asumir deudas, salvo que se le imponga como carga. La adquisición del legado es automática desde el fallecimiento del causante, mientras que la herencia requiere aceptación. La voluntad del testador es crucial para determinar la condición de heredero o legatario, y se interpreta a través de las disposiciones testamentarias
La legítima es una institución jurídica que limita la libertad del testador al reservar una parte de la herencia a los herederos forzosos. Su naturaleza como pars bonorum implica que el legitimario tiene derecho a una parte del activo hereditario líquido, sin responder de las deudas de la herencia. La protección de la legítima se garantiza mediante acciones legales como la acción de suplemento, la reducción de donaciones inoficiosas y la impugnación de la desheredación injusta. Además, la legítima impacta en el testamento y la partición de la herencia, asegurando que los derechos de los legitimarios sean respetados
La tramitación de una herencia implica considerar diversos aspectos, como la deducibilidad de ciertos gastos del caudal hereditario, la posible intervención judicial para asegurar la administración y conservación de los bienes, y la opción de aceptar la herencia a beneficio de inventario para limitar la responsabilidad por deudas. Estos elementos son fundamentales para determinar los costos y responsabilidades asociados con la tramitación de una herencia, asegurando que los herederos puedan gestionar adecuadamente el patrimonio del causante
Derecho Contractual
Para hacer un contrato de compraventa seguro, es esencial que se cumplan los elementos esenciales del contrato, como el consentimiento, el objeto cierto y el precio determinado. La formalización del contrato debe realizarse preferiblemente por escrito, y en el caso de inmuebles, mediante escritura pública para su inscripción en el Registro de la Propiedad. Además, es importante establecer garantías adecuadas para proteger al vendedor en caso de aplazamiento del pago, y asegurar que las obligaciones de ambas partes se cumplan de acuerdo con la ley y los principios de buena fe
La compra de una vivienda implica una serie de gastos e impuestos que deben ser asumidos tanto por el comprador como por el vendedor. El comprador debe pagar el IVA o el ITP, dependiendo de si se trata de una primera o ulterior transmisión, además de otros gastos como los de notaría y registro. Por su parte, el vendedor es responsable del pago del IIVTNU y de repercutir el IVA en las primeras transmisiones. Es importante que ambas partes estén al tanto de sus obligaciones fiscales para evitar cláusulas abusivas y asegurar una transacción legalmente correcta.
El contrato de arrendamiento establece derechos y obligaciones tanto para el arrendatario como para el arrendador. El arrendatario tiene derecho al uso y disfrute de la vivienda y a que se realicen las reparaciones necesarias, mientras que está obligado a pagar la renta y mantener la vivienda en buen estado. Por su parte, el arrendador tiene derecho a recibir la renta y a que se mantenga la vivienda, pero también debe garantizar que la vivienda esté en condiciones habitables y realizar las reparaciones necesarias. El cumplimiento de estas obligaciones es esencial para el buen desarrollo de la relación contractual entre ambas partes.
Iniciar un proceso de desahucio por impago de alquiler requiere presentar una demanda de juicio verbal que incluya la reclamación de rentas. El demandado puede evitar el desahucio mediante la enervación, siempre que no haya enervado previamente y cumpla con los requisitos de pago. En situaciones de vulnerabilidad, el procedimiento puede suspenderse temporalmente para permitir la intervención de las Administraciones competentes. Estos pasos aseguran que el proceso se lleve a cabo de manera justa y conforme a la ley
La reclamación de deudas por impago de alquiler o gastos de comunidad puede realizarse mediante procedimientos judiciales específicos. Para las deudas de comunidad, el proceso monitorio es una herramienta eficaz que requiere la certificación de la deuda por parte de la junta de propietarios. En el caso de impago de alquiler, el juicio verbal de desahucio permite al arrendador reclamar las rentas debidas y recuperar el inmueble. La ejecución de sentencias en ambos casos puede implicar el embargo de bienes o el lanzamiento del inmueble, asegurando así el cumplimiento de las obligaciones económicas.
La propiedad horizontal es un régimen jurídico que permite la coexistencia de derechos de propiedad sobre elementos privativos y comunes en un edificio o complejo inmobiliario. Se caracteriza por la atribución de propiedad privativa y copropiedad sobre elementos comunes, y se rige por la LPH y normativas autonómicas. Su constitución puede ser formal o de hecho, y su funcionamiento se organiza a través de una comunidad de propietarios que toma decisiones en juntas, reguladas por estatutos y reglamentos de régimen interior. Este régimen es aplicable a diversas realidades arquitectónicas, como edificios, complejos inmobiliarios y urbanizaciones, y se diferencia de la comunidad de bienes ordinaria por su estructura y regulación específica
La impugnación de acuerdos de la junta de propietarios es un proceso que requiere que el propietario esté al corriente de sus obligaciones económicas con la comunidad y que se realice dentro de los plazos de caducidad establecidos, que varían según la naturaleza del acuerdo. Los acuerdos impugnables son aquellos que contravienen la ley, los estatutos, o que son gravemente perjudiciales para la comunidad o para un propietario. En Cataluña, la notificación escrita del acuerdo es esencial para el cómputo de los plazos de impugnación, y la convalidación de acuerdos es posible cuando la acción impugnatoria ha caducado, salvo en casos de nulidad radical
En situaciones de propiedad horizontal, las actividades molestas como el ruido pueden ser objeto de acción de cesación si afectan negativamente a la propiedad ajena. El procedimiento implica un requerimiento extrajudicial al responsable y, si no se atiende, una acción judicial. Además, el ruido excesivo puede vulnerar derechos fundamentales, y las autoridades locales tienen la responsabilidad de controlar estos niveles para proteger la integridad y la intimidad de los ciudadanos
Para resolver conflictos con empresas de servicios como agua y luz, es esencial considerar los mecanismos de solución extrajudicial, como la mediación, conciliación y arbitraje, que ofrecen una alternativa eficiente a los procedimientos judiciales. Los usuarios deben presentar sus reclamaciones ante los organismos supervisores correspondientes y, si es necesario, recurrir a entidades de resolución alternativa de litigios. El Sistema Arbitral del Consumo proporciona un marco eficaz para resolver disputas de manera vinculante, asegurando que los consumidores tengan acceso a un proceso justo y transparente
Para redactar o revisar un contrato de arras, es fundamental entender los diferentes tipos de arras y sus efectos, asegurando que la intención de las partes esté claramente reflejada en el contrato. Las arras pueden servir como garantía del cumplimiento del contrato o permitir su resolución bajo ciertas condiciones, dependiendo de su tipo. La jurisprudencia enfatiza la necesidad de especificar claramente la función de las arras en el contrato para evitar interpretaciones erróneas y asegurar que las partes comprendan las implicaciones legales de su acuerdo
Responsabilidad Civil
La responsabilidad civil extracontractual se fundamenta en la obligación de reparar el daño causado por acción u omisión, interviniendo culpa o negligencia, y requiere la concurrencia de una acción u omisión ilícita, un daño, y un nexo causal. La relación de causalidad y la culpa son elementos esenciales para la imputación de la responsabilidad, aunque en ciertos casos, como en el tráfico de vehículos, se ha evolucionado hacia un sistema de responsabilidad objetiva, donde el riesgo generado por la actividad es suficiente para establecer la obligación de reparar el daño. Este enfoque se complementa con el aseguramiento obligatorio, que garantiza la indemnización a las víctimas, asegurando así su protección y compensación
En una reclamación por responsabilidad civil, es posible reclamar tanto daños patrimoniales como no patrimoniales. Los daños patrimoniales incluyen el daño emergente y el lucro cesante, mientras que los daños no patrimoniales se refieren a los daños morales que afectan a los derechos inmateriales de la persona. Para que estos daños sean indemnizables, deben ser reales, evaluables económicamente, individualizados y probados adecuadamente. La compensación por daños morales no busca ser un equivalente exacto del daño, sino una compensación por el sufrimiento experimentado, y en algunos casos, la sentencia judicial puede ser suficiente para satisfacer el daño moral
El plazo de prescripción para reclamar daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual es de un año, comenzando desde que el agraviado tiene conocimiento del daño. Existen especialidades en el cómputo del plazo, como en casos de lesiones corporales o daños continuados, donde el plazo se ajusta a la determinación de secuelas o al cese de la actividad dañosa. Además, el plazo puede interrumpirse por reclamaciones judiciales o extrajudiciales, y la jurisprudencia ha adoptado un enfoque flexible para mitigar la brevedad del plazo, permitiendo que el cómputo se reinicie en ciertas circunstancias
El seguro de responsabilidad civil es un mecanismo que protege al asegurado frente a la obligación de indemnizar a terceros por daños y perjuicios causados por hechos previstos en el contrato, siempre que el asegurado sea civilmente responsable conforme a derecho. Este seguro cubre principalmente la responsabilidad civil derivada de actuaciones accidentales o negligentes, excluyendo las dolosas, y puede ser obligatorio para ciertas actividades peligrosas. Tanto el asegurador como el asegurado tienen obligaciones específicas, como el pago de indemnizaciones y la comunicación de siniestros, respectivamente, asegurando así el cumplimiento del contrato y la protección de los derechos de las partes involucradas.
Para demostrar que alguien es responsable de los daños sufridos, es esencial establecer un nexo causal claro y directo entre la conducta del agente y el daño, lo cual debe ser probado por el perjudicado. La carga de la prueba recae principalmente en el perjudicado, quien debe demostrar tanto la existencia del daño como la relación de causalidad con la conducta del agente. En el ámbito de la responsabilidad extracontractual, es necesario acreditar la acción u omisión ilícita, la culpa del agente, y la existencia de un daño, siendo la relación de causalidad un elemento fundamental para el éxito de la reclamación
La alta densidad de tráfico en Madrid afecta la responsabilidad civil en accidentes de tráfico al aumentar la probabilidad de colisiones y la complejidad en la determinación de la culpa. La concurrencia de culpas y la relación de causalidad son factores críticos en estos casos, donde la responsabilidad puede ser compartida entre los conductores involucrados. La aplicación de la teoría del riesgo y la inversión de la carga de la prueba son elementos clave en la resolución de estos casos, asegurando que los conductores sean responsables por el riesgo creado por la conducción en un entorno de tráfico denso
Los propietarios de negocios turísticos en Gran Canaria tienen la responsabilidad de cumplir con las regulaciones autonómicas, incluyendo la obtención de un seguro de responsabilidad civil y el cumplimiento de las normativas de seguridad. Antes de iniciar la actividad, deben presentar una declaración responsable y asegurarse de que la vivienda cumple con todos los requisitos legales. En caso de accidentes, la responsabilidad del propietario dependerá de su cumplimiento con las normativas de seguridad y mantenimiento, siendo el seguro de responsabilidad civil un elemento clave para protegerse de posibles reclamaciones
La responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria se basa en la obligación de indemnizar por daños antijurídicos causados por el funcionamiento de los servicios públicos, siempre que se demuestre un nexo causal directo y exclusivo entre la actuación médica y el daño. El criterio de la lex artis es esencial para evaluar la corrección de la actuación médica, y la falta de consentimiento informado puede constituir un incumplimiento que genere responsabilidad si se produce un daño. El procedimiento de reclamación requiere una solicitud detallada y puede implicar la inversión de la carga de la prueba en ciertos casos
La responsabilidad patrimonial de la Administración local es objetiva y se basa en el derecho de los particulares a ser indemnizados por daños causados por el funcionamiento de los servicios públicos. Existen causas de exclusión como la fuerza mayor y la culpa de la víctima, y la responsabilidad puede ser compartida en casos de concurrencia de culpas. Además, cuando varias Administraciones o agentes privados están involucrados, la responsabilidad puede ser solidaria, permitiendo que cualquiera de las partes sea requerida para indemnizar el daño, con la posibilidad de repetir contra las otras partes involucradas
La ley de propiedad horizontal establece un marco claro de responsabilidad civil para las comunidades de vecinos, abarcando tanto las obligaciones de la comunidad como las de los propietarios individuales. La comunidad responde de sus deudas y daños causados a terceros, mientras que los propietarios deben mantener sus propiedades en buen estado y contribuir a los gastos comunes. Además, tanto el administrador como el presidente de la comunidad tienen responsabilidades específicas en el ejercicio de sus funciones, lo que asegura una gestión adecuada y responsable de la comunidad